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El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, expresó su preocupación ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica de aceptar el recurso de amparo presentado por la Defensoría, ordenando que el juicio contra 38 miembros de la banda criminal “Los Gallegos” se realice de manera presencial en la ciudad. Esta decisión, según Espíndola, representa un significativo riesgo para la seguridad local.
“Es inaceptable la situación actual en Arica. Traer a 38 criminales de alta peligrosidad a una ciudad pequeña como la nuestra, que ya enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad y control fronterizo, agrava la amenaza del crimen organizado”, declaró el alcalde. La audiencia, programada para el lunes 22 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, reunirá a los acusados provenientes de seis cárceles distintas, incluida la de Puerto Montt.
Espíndola subrayó la necesidad de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo actúen con urgencia para abordar este problema. Criticó que las decisiones judiciales no consideren adecuadamente la seguridad de toda la ciudad ni el esfuerzo requerido por Gendarmería y Carabineros para garantizar el traslado seguro de los detenidos desde varias partes del país hasta Arica.
“Hacemos un llamado urgente al Gobierno. No podemos depender únicamente de los recursos policiales locales. Necesitamos un plan de contingencia inmediato que incluya el envío de refuerzos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones desde otras ciudades para mantener la seguridad durante este juicio sin desproteger a la comunidad de Arica”, insistió el alcalde.
Además, Espíndola apeló al Parlamento para que legisle con mayor rapidez y eficacia en temas relacionados con el crimen organizado. “Es esencial que las decisiones judiciales no se tomen en aislamiento, sin una legislación robusta que permita enfrentar estos desafíos de manera integral. Es imperativo que el Parlamento actúe con la urgencia necesaria para prevenir situaciones como la que enfrentaremos la próxima semana”, concluyó.
La convocatoria a un plan de contingencia y la solicitud de apoyo legislativo subrayan la preocupación de las autoridades locales por el impacto que este juicio podría tener en la seguridad y el bienestar de los habitantes de Arica.
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