El Tribunal Oral dictó sentencia absolutoria en favor de una mujer acusada de tráfico de drogas, luego de que en juicio se acreditara que desconocía el contenido de unas cajas que le fueron entregadas por una tercera persona. La resolución pone fin a un proceso judicial que la mantuvo privada de libertad durante 15 meses.
El caso se originó el 17 de octubre, cuando la mujer denunció haber sido víctima de un violento robo con intimidación. Según los antecedentes expuestos en el juicio, sujetos desconocidos ingresaron armados a su domicilio, la intimidaron, la maniataron y sustrajeron diversas especies.
En el contexto de las diligencias policiales posteriores al asalto, funcionarios trasladaron a dependencias policiales varias cajas que se encontraban en el inmueble. Fue en la comisaría —y no en el domicilio— donde se revisó su contenido, encontrándose droga en su interior.
De denunciante a detenida
Durante el juicio oral se estableció que dichas cajas habían sido entregadas previamente por una amiga, quien le solicitó guardarlas sin revelar su contenido, engañándola respecto de lo que había en su interior.
Pese a haber denunciado inicialmente un delito violento del cual fue víctima, al día siguiente la mujer fue detenida e imputada por tráfico de drogas, quedando en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de Arica. Permaneció privada de libertad durante 15 meses y recuperó su libertad semanas antes del inicio del juicio oral.
La relevancia del fallo
La Defensoría Regional de Arica y Parinacota valoró la sentencia absolutoria. La defensora penal pública, Sofía Makaus, destacó que durante el juicio se logró acreditar que su representada no tenía conocimiento del contenido de las cajas ni participación dolosa en el delito investigado.
La abogada subrayó que el fallo permitió restablecer la presunción de inocencia, evidenciando la importancia de analizar cada caso en su contexto completo y bajo una valoración rigurosa de la prueba.
Un proceso marcado por la incertidumbre
Con esta resolución, el tribunal cerró un proceso que la mujer describió como uno de los más dolorosos y desgastantes de su vida, marcado por el miedo y la incertidumbre de permanecer encarcelada por un hecho en el que —según determinó la justicia— nunca tuvo participación.
La sentencia no solo restituye su libertad, sino que reafirma un principio fundamental del sistema judicial: la obligación de examinar los hechos con profundidad y evitar que una víctima termine siendo responsabilizada por un delito que no cometió.
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