Por Albert Neira | Arica y Ciencia
A pesar de los avances en la protección de ecosistemas críticos en zonas urbanas, el caso del Ex-Humedal Urbano del Lluta en Arica sigue siendo un ejemplo de los desafíos estructurales, legales y sociales que enfrentan los procesos de conservación en Chile. En entrevista con Christopher Schulbe Donoso, encargado de Recursos Naturales de la Seremi de Medio Ambiente de Arica y Parinacota, se abordaron los principales hitos, retrocesos y proyecciones en torno a este ecosistema de alto valor ecológico.
Retroceso judicial y criterios técnicos en disputa
Según Schulbe, el proceso de declaración oficial del humedal como “urbano” comenzó correctamente por oficio del propio Ministerio, dado que parte del humedal se encuentra dentro del límite urbano, condición suficiente según la Ley de Humedales Urbanos. Sin embargo, el proceso fue anulado por el Tribunal Ambiental tras acogerse los reclamos de algunos propietarios privados, quienes cuestionaron la delimitación y la falta de aplicación de una guía metodológica que, en ese entonces, aún no existía.
“El problema fue que cuando se inició la declaratoria no existía una guía metodológica vigente. Esta fue publicada posteriormente, y los reclamantes usaron esa declaración”, explicó Schulbe. Como resultado, se ordenó retrotraer el procedimiento a una etapa anterior, lo que obliga al ministerio a actualizar los datos técnicos bajo los criterios actuales.
Características técnicas del ecosistema
Para declarar un humedal como tal, la nueva metodología exige comprobar la existencia de tres factores: suelos hídricos, régimen hídrico (permanente o temporal) y vegetación hidrófita. En el caso del Lluta, existen sectores con lagunas, ojos de agua y extensas áreas de vegetación salina, pero también grandes zonas privadas de acceso restringido, lo que dificulta el levantamiento de información completa.
En este nuevo ciclo de estudio, se buscará complementar con tecnología como drones y fortalecer el expediente con más evidencias científicas. “Tenemos que generar antecedentes más robustos, como lo exige la ley”, señaló el funcionario.
Privatización del territorio y conflictos de uso
Uno de los grandes desafíos es la alta proporción de terrenos privados en el área definida para la declaratoria: un 90%, según Schulbe. Esta condición complica el avance del proyecto, especialmente ante los intereses inmobiliarios y agrícolas existentes.
Pese a ello, recalcó que la declaración de un humedal urbano no impide el desarrollo de actividades, pero sí impone restricciones y requisitos a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “No se trata de prohibir, sino de regular para proteger un ecosistema frágil. No todas las actividades serán compatibles, y hay que respetar el equilibrio ecosistémico”.
Impactos históricos y pérdida de biodiversidad
Durante la conversación también se abordaron los impactos de obras anteriores, como la canalización del río Lluta y la construcción de defensas fluviales tras la crecida del año 2000. Estas intervenciones, si bien necesarias para la seguridad de la población, afectaron el régimen hídrico natural, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y desaparición de especies en zonas que anteriormente eran húmedas y productivas.
“Son decisiones difíciles: entre proteger a las personas o proteger el medio ambiente. Lo ideal es buscar soluciones con el menor costo ambiental posible, incluso con ganancias en biodiversidad”, comentó Schulbe.
¿Qué sigue? Nueva evaluación y rol del Estado
Actualmente, el Ministerio debe reiniciar el levantamiento de información, esta vez aplicando la guía metodológica en forma rigurosa. Aunque el proceso es complejo y largo, existe voluntad desde el nivel central para retomar la declaratoria, no obstante ya se encuentra en el 2do año desde la resolucion del tribunal ambiental.
En cuanto a las vías de gestión, Schulbe aclaró que los humedales urbanos pueden ser solicitados tanto por los municipios como por el propio Ministerio mediante oficio, como fue el caso del Lluta.
Finalmente, el funcionario destacó la necesidad de contar con evidencia técnica contundente, ya que, a diferencia del valor simbólico o comunitario, en procesos judiciales y administrativos lo que prima es la documentación científica verificable.
“La memoria colectiva es importante, pero para avanzar en una declaratoria necesitamos evidencias objetivas, fotografías aéreas, análisis de suelos, estudios de vegetación e hidrología. Eso es lo que debemos fortalecer ahora”, concluyó.
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